“La principal función a cargo del Estado es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz, esa es la esencia de la seguridad pública. En la actualidad, uno de los principales retos del Estado mexicano es precisamente el combate a la delincuencia, a la violencia y a la inseguridad, que mantienen en una zozobra constante a la sociedad mexicana, pues la tranquilidad de nuestras hijos y familias están de por medio”, señaló hoy en tribuna el diputado panista Miguel Jurado Contreras.
El legislador señaló que la reforma penal y todos los esfuerzos que se hagan en materia de seguridad pública serán insuficientes si no somos capaces de darle un nuevo significado al Sistema Penitenciario en nuestro estado. “Hoy en día nuestras cárceles y reclusorios son espacios completamente ajenos al entorno que basa el poder del estado, a través de sus órganos de gobierno, en un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. En los CERESOS no impera ni el más elemental Estado de derecho. Ya se ha hecho un lugar común afirmar que las cárceles son verdaderas “universidades del crimen” y es así en realidad”.
Dijo que infortunadamente, ninguna autoridad se hace cargo con seriedad y rigor de este drama, quizá porque les tiene sin cuidado la suerte que se corre dentro de los espacios de reclusión. Sin embargo, resulta urgente tomar medidas drásticas en materia penitenciaria ya que se ha visto sobrepasado en diversas ocasiones y porque es un tema que nos está explotando día tras día en la cara.
Precisó que la desconfianza y falta de credibilidad de los chihuahuenses en las autoridades crece día con día, ante la falta absoluta de resultados, y peor aún, ante la ficción y la impunidad. Aunado a lo anterior se suman los flancos inseguros de los centros penitenciarios: los juzgados y también los traslados o diligencias a otros penales de donde se han escapado numerosos reos con ayuda externa.
“Ante la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el Sistema Penitenciario en la entidad, el H. Congreso del Estado de Chihuahua cita a comparecer al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia de los Santos y al Director de Penas y Medidas de Seguridad, Óscar Leos Mayagoitia, para que expongan la situación que guarda el actual sistema en mención y las medidas tomadas para enfrentar la problemática.
Además solicitó a la Junta de Coordinación Parlamentaria la creación de una mesa de trabajo, integrada de manera plural, para que en coordinación con el Ejecutivo del Estado se analice la situación que guarda el actual Sistema Penitenciario en el estado y a la postre esté en posibilidades de ofrecer soluciones viables a la problemática actual.
Anexamos texto íntegro de la propuesta del legislador panista
HONORABLE DIPUTACION PERMANENTE
PRESENTE.-
En mi carácter de diputado a la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado, someto a la consideración de esta Representación Popular, Iniciativa con Proyecto de Punto de Acuerdo cuyo propósito es citar la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública y del Director de Penas y Medidas de Seguridad en el estado, a efecto de que expongan la situación que guarda el Sistema Penitenciario en la entidad y las medidas tomadas para enfrentar las diversas problemáticas en torno de los Centros Penitenciarios; lo anterior al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La principal función a cargo del Estado es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz, esa es la esencia de la seguridad pública. En la actualidad, uno de los principales retos del Estado mexicano es precisamente el combate a la delincuencia, a la violencia y a la inseguridad, que mantienen en una zozobra constante a la sociedad mexicana, pues la tranquilidad de nuestras hijos y familias están de por medio.
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos conscientes de esto, por lo que, una vez más, traemos hasta esta tribuna el tema de la inseguridad que está destruyendo el tejido social. La reforma penal y todos los esfuerzos que se hagan en materia de seguridad pública serán insuficientes si no somos capaces de darle un nuevo significado al Sistema Penitenciario en nuestro estado. Hoy en día nuestras cárceles y reclusorios son espacios completamente ajenos al entorno que basa el poder del estado, a través de sus órganos de gobierno, en un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. En los CERESOS no impera ni el más elemental Estado de derecho. Ya se ha hecho un lugar común afirmar que las cárceles son verdaderas “universidades del crimen” y es así en realidad. Infortunadamente, ninguna autoridad se hace cargo con seriedad y rigor de este drama, quizá porque les tiene sin cuidado la suerte que se corre dentro de los espacios de reclusión. Sin embargo, resulta urgente tomar medidas drásticas en materia penitenciaria ya que se ha visto sobrepasado en diversas ocasiones y porque es un tema que nos está explotando día tras día en la cara.
La situación de los 4 presuntos responsables que se desempeñaban como custodios durante la fuga de 2 reos registrada el pasado 6 de enero, entra dentro de esta categoría y es un claro ejemplo de esta grave crisis. Aún cuando existen diversas inconsistencias alrededor de esta y otras situaciones de custodios y excustodios involucrados en fugas y evasiones, lo que más nos preocupa es la incapacidad de la autoridad para actuar dentro de la legalidad. En estos casos, se evidencia una praxis defectuosa de las autoridades encargadas de la las instituciones de compurgación de penas en nuestro estado, que no han cumplido su función de procurar que las personas que compurgan una pena se reintegren a la vida social, sino que se ha convertido en un espacio de propagación delictiva que ha sobrepasado los niveles de seguridad interna. Lo único que puede explicar estas acciones es el temor y la vulnerabilidad de las corporaciones preventivas y policiales penitenciarias.
Tal situación ha generado costos y graves problemas de seguridad pública, corrupción y violencia para el estado y sus ciudadanos, quienes al final son los más afectados. Lo cierto es que la Dirección de Penas y Medidas de Seguridad, a cargo de Óscar Leos Mayagoitia, no ha actuado de manera eficiente en la vigilancia de dichos reos ni ha contribuido a supervisar la debida ejecución de sentencias de los mismos, aun cuando su pertenencia a poderosas organizaciones criminales pone en riesgo la estabilidad y seguridad de los centros de reclusión locales, donde son cada vez más comunes fenómenos como los amotinamientos, las fugas y los ajustes de cuentas. La preocupación anterior se incrementa cuando estos centros alojan reos de baja o media peligrosidad en proximidad con aquellos que han demostrado tener un alto riesgo para la sociedad, como son quienes pertenecen a las redes de la delincuencia organizada.
En ese sentido, aunado a que los CERESOS resultan insuficientes para alojar a la gran cantidad de sentenciados que ingresan a ellos, incrementando los riesgos inherentes a la vida común, como la propagación de enfermedades críticas o de conflictos personales y de grupos, así como la necesidad de una notoria reducción en la calidad de la atención y vigilancia a los internos y, en general, la cada vez menor posibilidad de concretar las disposiciones básicas de readaptación social establecidos en la Constitución y en la propia Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua.
Algunos estudiosos del sistema penal mexicano han levantado la voz de alarma, entre otros aspectos, sobre el aumento en el número de presos. Entre 1992 y 2008 la población penitenciaria creció de forma explosiva, sin que las instalaciones para intentar darles condiciones dignas de vida a los reclusos hayan aumentado en capacidad ni tampoco en la calidad de la atención prestada a sus usuarios; no obstante el análisis en Chihuahua presenta una sobrepoblación del 277% (Miguel Carbonell, “El abismo de nuestras cárceles” noviembre 10, 2009. (adelanto del libro 'Los juicios orales en México', México, Porrúa, RENACE, 2010). IIJ-UNAM.).
A esos datos escalofriantes hay que sumar el enorme problema de la corrupción en los reclusorios. Los reclusos afirman que los custodios les cobran a sus familiares para permitirles visitarlos, para que les lleven alimentos u otros objetos, para poder ejercer su derecho a la visita conyugal o incluso para recibir los beneficios de la pre-liberación. De acuerdo con las encuestas los internos señalan que no disponen de suficiente agua para beber; consideran que los alimentos que reciben son insuficientes y no reciben atención médica cuando la requieren. Es frecuente la presencia de armas, droga y bebidas alcohólicas, para cuya introducción se cuenta con el beneplácito de los directivos y custodios. De todos es sabido que existen zonas para los presos más ricos equipadas con los lujos más insospechados (algunos llegan a tener jardín privado, televisión vía satélite, les organizan sus fiestas de cumpleaños, pueden tener visitas de muchas personas a la vez, etcétera). Hay reportes según los cuales a los presos se les “cobra” por pasar lista, por permitirles ir al baño, por hacer o no hacer determinadas tareas, por tener acceso a servicios médicos, por dormir en una cama en vez de en el suelo, por estar asignados a determinados dormitorios y no a otros, etcétera.
II.- Frente a tales problemas, a pesar de que en los últimos años se ha destinado un mayor presupuesto al que históricamente se otorgaba al rubro de seguridad pública, en la administración penitenciaria continúan escaseando los elementos mínimos, humanos y materiales, para la debida implementación de un modelo conveniente de readaptación social. Es demasiado insuficiente la edificación de espacios, la debida preparación de sus autoridades y personal, la mejora de los sistemas de seguridad, la educación de los internos y su preparación para el trabajo remunerado y la identificación de quienes, por sus características, pueden gozar del beneficio de libertad preparatoria, entre otras cosas.
Pero, sin duda, la mayor preocupación social reside en los obsoletos sistemas de vigilancia que operan actualmente en los centros y en la corrupción de sus autoridades, que permiten la generación de una dinámica de vida particular al interior que resulta absolutamente contraria al principio de la readaptación. El esquema es conocido. Presos poderosos, generalmente por las actividades delincuenciales realizadas en el exterior del penal, antes y durante su internación, reproducen los esquemas de jerarquía que han aprendido al pertenecer a grupos delictivos y los imponen, incluso con violencia, al resto de la población penitenciaria, así sean integrantes de los mismos grupos, de grupos diferentes pero aliados o, incluso, a quienes cumplen condenas por delitos medios o menores. De esa manera, como es también conocido, los penales se constituyen como verdaderas escuelas del crimen y centros de reclutamiento para los grupos delincuenciales. Todo ello, con la tolerancia o colaboración de las autoridades.
En este sentido, la corrupción parece ser la única premisa cierta en este ámbito carcelario. Así que el déficit de 184 custodios NO es una de las principales deficiencias del penal de Aquiles Serdán, ni es uno de los principales factores por los que se presenta la evasión de reos, según lo pretexta Óscar Leos Mayagoitia, director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Tampoco es la presencia militar la solución “óptima”, como Él expresa, a los problemas degenerativos y de inseguridad en nuestro sistema carcelario. Estos fenómenos no pueden ni deben eludirse con explicaciones simplistas, porque lo único que se acelera es el descrédito de las instituciones.
La desconfianza y falta de credibilidad de los chihuahuenses en las autoridades crece día con día, ante la falta absoluta de resultados, y peor aún, ante la ficción y la impunidad. Los cuatro custodios detenidos por su presunta responsabilidad en la fuga de dos reos del penal de Aquiles Serdán, son muestra de la corrupción que impera en los CERESOS que hacen posible las evasiones y huidas; mas no por el déficit de guardias. Aunado a lo anterior sumamos los flancos inseguros de los centros penitenciarios: los juzgados y también los traslados o diligencias a otros penales de donde se han escapado numerosos reos con ayuda externa.
III.- Los casos mas recientes resultan emblemáticos. La sucesión de hechos evasivos muestra que en tan sólo 10 meses se han fugado 5 reos de alta peligrosidad en los dos penales de la capital, además de contar con claros avisos de irregularidades en ambas cárceles y dos amotinamientos, lo que pone al sistema penitenciario en una clara imagen de lasitud frente a los criminales.
El 25 de marzo del año pasado el narcotraficante Crispín Borunda Cárdenas escapó fácilmente del Hospital Cima, donde permanecía internado tras ser trasladado de la “Unidad de Bajo Riesgo”, donde sólo debían estar reos de baja peligrosidad. El 27 del mismo mes el director de la UBR, Celso Márquez Peña, es suspendido para investigación junto con 7 custodios, de los cuales a ninguno se les ha vinculado oficialmente a proceso por la evasión mencionada. El 5 de mayo las autoridades realizan una operación sorpresiva en la UBR y decomisan televisores de plasma, refrigeradores y microondas, entre decenas de artículos más. El día 8 el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia de los Santos, advierte que todos los custodios involucrados en el acceso de estos artículos serán castigados legalmente. No obstante, el 26 de mayo la vocería del OCCh informa que a 3 semanas del operativo, aún no había castigados por la corrupción detectada en la UBR.
El 10 de junio el OCCh irrumpe en el penal de Aquilés Serdán y decomisa aparatos de aire acondicionado y teléfonos celulares, entre decenas de artículos mas como bats y armas hechizas. El 15 de agosto del mismo año el OCCh ingresa de nuevo al penal y frustra un intento de motín, cuando las autoridades estatales lo catalogan como un conato de pleito “sin consecuencias trascendentales”. El 26 de octubre dos reos por delitos federales, Carlos Antonio Medrano Payán y Vicente Parra Corral, escaparon en complicidad de dos comandantes en seguridad interna del penal estatal de Parral, sin que hasta la fecha ninguno de estos prófugos sea capturado.
A pesar de haber ocurridos estos sucesos o alertas, las autoridades del estado fueron sorprendidas nuevamente la noche del 20 de noviembre, cuando dos reos del Cereso de Aquiles Serdán, identificados como Noé Rodríguez Aranda y José Velázquez Velázquez se fugan, mientras se registra un motín, por una de las torres de vigilancia, para lo cual sometieron a los guardias con armas cortas, de las cuales hasta el momento no se precisa cómo ingresaron al penal. Además dos reos más fueron frustrados de su fuga ese mismo día al lesionarse al brincarse la barda.
El 9 de diciembre, como producto de las revisiones sorpresa por parte del Ejército en el penal capitalino, se encontraron armas no registradas en la dirección penitenciaria y por lo cual sólo se determinó una “inconsistencia administrativa”. El 25 del mismo mes 3 internos del penal son frustrados por autoridades penitenciarias en un intento evasivo que dejó dos lesionados, uno de ellos con arma de fuego. Las evasiones en este penal se concretaron nuevamente el pasado 6 de enero, cuando dos reos de alta peligrosidad identificados como Ermes Heliodoro Guevara Ceballos y Elías Rodríguez Aranda escaparon a pie por un juzgado en reparación, luego de ser llevados en presunta complicidad por cuatro celadores. Con ello suman siete reos prófugos en este periodo de tiempo de los cuales ninguno ha sido capturado, ni se ha castigado a algún responsable hasta la fecha. Al día siguiente las autoridades penitenciarias frustran un intento de fuga de 4 peligrosos criminales que se disponían a escapar por el mismo juzgado.
IV.- Puesto que cada vez somos más los que hemos sido víctimas de los problemas de la delincuencia y los encargados de la seguridad pública en el estado, mientras se ocupan de reaccionar con exigencias y evasivas, por otro lado se olvidan de la prevención muy lentamente; quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que, en efecto, esta soberanía debe necesariamente intervenir, respecto de la actuación de las autoridades para garantizar la debida ejecución de penas de los reos y el esclarecimiento de los hechos que violentan el estado de derecho en todo el sistema penitenciario en nuestro estado.
En el Congreso del Estado hemos puesto de nuestra parte en la lucha contra la delincuencia, discutiendo y aprobando Iniciativas de reforma a ordenamientos, así como creando nuevas leyes para hacer frente al problema. Hemos decretado importantes instrumentos para hacer más eficiente el combate a la delincuencia; aprobamos la creación de la Secretaría de Segundad Pública y otras leyes que en materia de seguridad publica constituyen herramientas importantes para el combate a la delincuencia. Los elementos radicales de un sistema penitenciario son: normas idóneas, establecimientos adecuados y personal competente, la seguridad penitenciaria -entendida como la prevención de las lesiones a la integridad física y psíquica de los internos-, los custodios y el personal carcelario, son uno de los aspectos fundamentales y más delicados de la tarea penitenciaria.
Si bien la seguridad dentro de los centros penitenciarios se da con dentro de un margen de disciplina, sin que ésta represente restricciones ni represiones innecesarias que inevitablemente generan violencia, la seguridad de los centros penitenciarios debe ser establecida de acuerdo con las normas de la Organización de las Naciones Unidas para los Centros de Reclusión, evitando que puedan darse brotes de violencia causados por las aglomeraciones, como los que se han estado presentando en diversos centros de reclusión, donde ha tenido que intervenir el Ejército Nacional, por salirse del control de las autoridades estatales.
Lo que es claro, compañeras y compañeros diputados, es que los desaciertos penitenciarios son por parte de quienes no están haciendo su trabajo: los encargados de la Seguridad Pública en el estado. Resulta intolerable ya la situación de violencia que se vive en los centros penitenciarios y que ha cobrado una gran cantidad de vidas humanas, lo cual podría traer consecuencias mas graves de no ser atendida en forma oportuna. Sin olvidarse del objetivo constitucional de la readaptación social como meta del sistema de justicia penal, no cabe duda de que la prioridad es evitar que continúen las muertes violentas; pero por el contrario, a medida que la situación va turnándose insostenible, comienza a operarse la evasión con discursos negativos o vetustos. Aunque el gobierno reconozca ''problemas de déficits', la realidad y la experiencia muestran que suele dejarlos de lado, por la vía de la delimitación discursiva que elude enfrentarlos.
Los diputados de Acción Nacional exigimos una vez más, desde esta tribuna, que el Ejecutivo Estatal asuma su responsabilidad y cumpla con su principal obligación: garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los chihuahuenses. Es momento de que las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, actúen y nos den a los chihuahuenses la respuesta que estamos esperando.
Ante esta situación, es evidente la necesidad de conocer detallada y sistemáticamente la situación real de las instalaciones penitenciarias; para la toma de decisiones mejor sustentadas y planificadas de las necesidades de adecuaciones en los centros existentes. Lo anterior a fin de estar en condiciones de establecer nuevos lineamientos, instalar aditamentos que inhiban las fugas, como mallas electrificadas u obstáculos adicionales en su perímetro.
Puesto que la osadía de los presos es una actitud que no cambia, y la idea de escapar de las cárceles continúa, tal como lo demuestran los recientes acontecimientos, consideramos menester instalar una mesa de trabajo del legislativo, en coordinación con el ejecutivo, para que una vez analizada y revisada la situación estemos en condiciones de preveer en las leyes correspondientes nuevos lineamientos sostenidos y la construcción de medidas que den una solución viable a la problemática. No sobra la revisión de los proyectos rectores, para ajustarlos a las imperiosas necesidades del tratamiento penitenciario. Además, puesto que es preciso que estas instituciones sean siempre funcionales y suficientes, si es preciso, actualizar el marco jurídico, donde se posibilite la viabilidad financiera que origine la implementación de programas para la dignificación de los centros existentes y realizar las necesarias adecuaciones para evitar que se repitan situaciones como las antes descritas.
V.- Compañeros diputados, quisiera extenderme sobre el tema, que considero trascendental; sin embargo, habrá más tiempo y momentos para hacerlo. Es verdad que en este campo la realidad suele tirar hacia abajo; pero también lo es que la voluntad, el talento y la esperanza tienen la costumbre de apuntar siempre hacia arriba. La historia contiene ejemplos de ambas tendencias. El hecho de que los haya de la segunda, permite afirmar con certeza -por encima de la retórica y la doctrina- que el desarrollo de instituciones penitenciarias dignas y eficaces no es sólo un sueño, a pesar de todo y que lo más pertinente es tener cuidado en lo futuro, sobre todo por seguridad de nuestras familias.
Esperamos que la reforma de los juicios orales sea también una oportunidad para que el Estado de derecho se aplique en las cárceles. De otro modo solamente estaremos invirtiendo miles de millones de pesos anualmente en formar más y más delincuentes. O tomamos pronto medidas serias para nuestras cárceles o nos arrepentiremos muy pronto. Como en otros rubros del sistema de seguridad pública y de justicia penal en nuestro estado, es preciso regresar a la ciudadanía la confianza de que el esquema penitenciario trabaja en beneficio de la sociedad chihuahuense, estrictamente sujeto a los principios y garantías que ordena nuestra Constitución. Por lo antes expuesto y con fundamento en la disposición en el proemio mencionada, presento a consideración de la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO.- Ante la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el Sistema Penitenciario en la entidad, el H. Congreso del Estado de Chihuahua cita a comparecer al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Lic. Víctor Valencia de los Santos y al Director de Penas y Medidas de Seguridad, Lic. Óscar Leos Mayagoitia, para que expongan la situación que guarda el actual sistema en mención y las medidas tomadas para enfrentar la problemática.
SEGUNDO.- A efecto de garantizar la vigilancia y la debida ejecución de penas de los reos que se encuentran internados en los Centros de Reinserción Social, se solicita a la Junta de Coordinación Parlamentaria la creación de una mesa de trabajo, integrada de manera plural, para que en coordinación con el Ejecutivo del Estado se analice la situación que guarda el actual Sistema Penitenciario en el estado y a la postre esté en posibilidades de ofrecer soluciones viables a la problemática actual.
H. CONGRESO DEL ESTADO, CHIHUAHUA, CHIH; A 19 DE ENERO DEL 2010.
ATENTAMENTE
DIP. ING. MIGUEL JURADO CONTRERAS
